El pasado mes de marzo entró en vigor en España la Ley de protección al denunciante, reguladora de proteger a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y la cual obliga a las empresas a disponer de un canal de denuncias interno para el equipo.

Por ello, comienza la cuenta atrás para que las empresas tengan implantado este sistema interno de información. El próximo 13 de junio será la fecha límite para que las organizaciones de más de 250 trabajadores cuenten con un canal de denuncias.

 

¿Qué es Canal Responsable?

El canal de denuncias interno o canal ético es un sistema de alerta temprana que ayuda a combatir la mala administración de una empresa u organización pública o privada. Es el caso del software de Marca Franca, Canal Responsable, una plataforma segura y anónima, con un estricto sistema certificado de protección de datos y seguridad informática, fácil de usar y asequible, que cumple con todas las garantías legales.

Disponible las 24 horas los 7 días de la semana, se trata de una aplicación muy intuitiva, que se adapta al tamaño de cualquier empresa y personalizable en función de las necesidades, pudiendo especializarse en aspectos concretos como, por ejemplo, los protocolos de acoso.

Por ello es importante contar con un canal de denuncias desarrollado por un proveedor experto en Compliance, ya que asegura la correcta adecuación del sistema a las normativas vigentes y permite disponer de asesoramiento profesional. Canal Responsable protege a trabajadores y minimiza riesgos a un coste mínimo, de forma práctica y eficiente.

 

¿Cuál es el plazo de implantación?

La ley establece un plazo de tres meses para que las entidades obligadas implementen o ajusten sus sistema de denuncias en caso de que no cumplan con las exigencias legales. Este plazo expira el 13 de junio de 2023. 

Existen dos excepciones a esta regla que tendrán un plazo adicional hasta el 1 de diciembre de 2023 para cumplir con esta obligación:

• Las entidades privadas con doscientos cuarenta y nueve trabajadores o menos.
• Los municipios de menos de diez mil habitantes.

 

¿Qué sanciones contempla la ley?

El incumplimiento de esta ley conlleva sanciones económicas, clasificadas como leves, graves o muy graves, en función de la infracción. En el caso de las personas físicas, las multas van hasta los 10.000 euros (leves), los 30.000 euros (graves) y los 300.000 euros (muy graves). En cuanto a las personas jurídicas, van hasta 100.000 euros (leves), 600.000 euros (graves) y 1.000.000 de euros (muy graves).

Por todo ello, resulta fundamental si quieres cumplir con la ley protegiendo a tu empresa y a tus empleados, además de reforzar tu imagen de organización ética y responsable, que optes por un canal de denuncias que gestione cada caso de manera profesional, sensible y eficiente.